Libertad a Milagro Sala, un reclamo genuino que se expande
Hugo Montero/ El Furgón – Apuntemos una vez lo que sabemos desde siempre: el aparato judicial es, desde el origen de los tiempos, un instrumento de control social. Por esa razón, los que suelen terminar encerrados en las cárceles del sistema son los pobres, los excluidos, los explotados y los parias. Para todos ellos, la justicia se escribe con minúsculas: se trata apenas de una referencia ajena, tan simbólica como inalcanzable. Para ellos, la justicia y su largo brazo uniformado son implacables; una amenaza cotidiana que estigmatiza a los jóvenes en los barrios, que tortura en comisarías, que profundiza la exclusión; una maquinaria aceitada de represión y penitencia, un burocrático dispositivo encaramado en lo más alto de la pirámide social para determinar desde allí quiénes tienen opciones de pertenecer y quiénes deben quedarse afuera. Las rejas, claro, determinan esa distancia.
En cambio, para las minorías del privilegio y la élite, para todos esos que pueden pagar de sus abultados bolsillos el concurso de los abogados más caros, para esos que tutean a jueces y fiscales como parte de un mismo universo de convivencia (después de todo, pertenecen a la misma matriz social), la Justicia se dibuja con mayúsculas: ella se encarga de preservar sus posesiones, de garantizar la continuidad de su influencia económica en el tiempo y de defender sus intereses. Pero también, de vez en cuando, les ofrece un servicio extra más que interesante: el de transformarse en una poderosa herramienta de revancha.
Detenida desde hace más de 300 días, acusada por el absurdo delito de “instigar a cometer delitos de sedición”, supuestamente por organizar un acampe de manifestantes en la Plaza Belgrano de Jujuy –movilización que habría “entorpecido la circulación”-, el caso de Milagro Sala no resiste un análisis honesto. Se trata de una arbitrariedad jurídica, de un ensañamiento político y de un típico caso de revanchismo por parte de la nueva gestión jujeña, ahora en manos del radical Gerardo Morales y sus alfiles (los verdaderos dueños de la provincia), con la complicidad imprescindible del gobierno nacional.
A principios de este mes, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) realizó un “llamamiento urgente” al Estado argentino, tras la presentación de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), organismos que denunciaron que a Sala no se le garantiza un juicio justo e imparcial. Del mismo modo, se denunciaron irregularidades en el proceso penal, así como la violación de la presunción de inocencia y de la libertad personal. La resolución de la ONU fue ratificada una semana más tarde por el presidente relator del Grupo de Trabajo, Setondji Roland Adjovi, pero desde la administración nacional se sigue ignorando la urgencia del fallo.
Como la detención de cualquier preso político en Argentina, no hay posición intermedia posible: la pelea por liberación de Milagro Sala es una exigencia que debería atravesar todos los espacios políticos y sociales con algún grado de dignidad. Cada día de Milagro Sala en prisión es otro día más de vergüenza para un sistema político que se presume democrático, y que no hace otra cosa más que profundizar su escalada contra los derechos y las conquistas de quienes menos tienen, en beneficio de la rentabilidad de las grandes corporaciones. Se trata no sólo de un gravísimo caso de criminalización de la protesta social, sino de un evidente pase de factura con innegable color revanchista contra la dirigente del Movimiento Tupac Amaru y, peor aún, de un peligroso precedente para otros referentes sociales o políticos que, a futuro, representen un riesgo para los intereses de la casta partidocrática de turno.
En este mismo sentido y con el mismo énfasis, sería valorable y necesario extender el repudio de todos los sectores que hoy se solidarizan con Milagro Sala a cada uno de los legisladores (muchos de ellos, socios políticos ocasionales de la propia Sala) y fuerzas partidarias que aprobaron a mano alzada la Ley Antiterrorista en el Parlamento en 2007, como así también a tantos que -desde diferentes ámbitos de decisión durante el gobierno anterior- se manejaron con indiferencia, silencio o complicidad ante otros numerosos casos de detenciones arbitrarias de trabajadores, represión contra miembros de pueblos originarios o algunos de los cientos de casos de violencia institucional contra jóvenes y pobres como principal objetivo de las fuerzas de seguridad.
Del mismo modo, una vez expandida la campaña por la libertad de Milagro Sala, y una vez conseguida la urgente y legítima libertad de la dirigente de la Tupac Amaru, quedan pendientes varias discusiones entre los sectores populares sobre una lógica sistemática de conducta que marcó a la década anterior: el verdadero rol de los movimientos sociales y su distorsión como estructuras paraestatales a la hora de manejar fondos públicos, la cuestionable connivencia entre funcionarios públicos corruptos y dirigentes territoriales de turno a espaldas de cualquier mecanismo lógico de control sobre la distribución de esos fondos y también la utilización de métodos extorsivos y patoteriles para ejercer presión contra otros trabajadores y vecinos.
