• 7 diciembre, 2022

Con la ley en la mano la derecha uruguaya va por el ajuste

El gobierno liberal de Luis Lacalle Pou sacó la mínima ventaja necesaria para asegurarse que la Ley de Urgente Consideración (LUC) –una suerte de programa de gobierno– no será modificada. Apenas una diferencia de veinte mil votos selló el escrutinio. 49,9 por ciento de sufragios obtuvo la postura oficial, en defensa de la LUC, y 48,8 la opositora que buscaba derogar 135 artículos sobre un total de 476 que contiene la ley originalmente votada en el Parlamento uruguayo en julio de 2020.

El panorama final tras el referéndum muestra a los dos polos en disputa más unidos. El gobierno de la coalición “multicolor” –que reúne al Partido Blanco, al Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente– obtuvo por la mínima diferencia lo que quería: sostener una ley convertida en programa de gobierno con ajustes sobre la economía a partir de modificaciones del aparato burocrático del Estado y en especial en las empresas estatales como Ancap (cementos y petróleos) y Antel (teléfonos), ambas sumamente rentables. Los liberales de Lacalle, tendrán su ajuste sobre la economía y la derecha de Cabildo Abierto, la formación del ex jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, fortalece las políticas de seguridad otorgando más poderes a la policía. De esta manera las diferencias internas entre los socios políticos quedaron limadas hasta nuevo aviso.

Por el lado de los derrotados, es decir, el Frente Amplio (FA), la central de trabajadores PIT-CNT y organizaciones sociales municipales y barriales, el fortalecimiento de los acuerdos en torno de conquistas sociales históricas, los deja bien parados como polo opositor para las elecciones presidenciales de 2024. La relación aceitada del FA para comunicarse con el movimiento sindicales y las organizaciones se logró precisamente en los nueves meses que llevó movilizarse coordinadamente para lograr el objetivo de forzar un referéndum.

Las definiciones de Fernando Pereira, presidente del FA, sobre la necesidad de un llamado al diálogo por parte del gobierno de Lacalle por el ajustado triunfo marcan el escenario. La LUC constituye una herramienta de gobierno porque permite modificar políticas públicas históricas en el Uruguay y eso requiere consensos, sostiene Pereira, que van más allá de la aplicación del articulado de una ley.

Por lo pronto, Lacalle ya anunció aumentos en los combustibles a partir de abril y las reformas de los sistemas educativo y previsional con recortes de derechos incorporados a la vida laboral uruguaya desde principios del siglo veinte bajo el gobierno de José Batlle y Ordoñez. Todo el sistema previsional será estudiado en 90 días por quince expertos que propondrán modificaciones, según sostiene la LUC. Ese es uno de los cuestionamientos opositores quienes reclaman integrar al debate a sindicatos y organizaciones de jubilados. El sistema previsional implica el 11 por ciento del PBI del país e incluye mucho mas que los montos de las jubilaciones. Involucra a los trabajadores activos y a los pasivos, a las mujeres y a las empresas como aportantes al sistema.

Con el triunfo en la mano, Lacalle intentará avanzar con su programa de gobierno y serán las organizaciones de la sociedad civil las que presentarán resistencia. Habrá que ver cómo y con qué herramientas pensando que aún faltan dos años de mandato para la derecha liberal uruguaya.

Portada: Imagen de la cuenta de Twitter @Nsilvaboniatti

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Fabián Kovacic

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