Sergio Berni: entre la mano dura, gatillo fácil y pistolas Taser
Por Jorge Montero / El Furgón –
“La seguridad no reconoce cuestiones ideológicas”
Sergio Berni
Este personaje que no duda en elogiar a Cristian Ritondo, su antecesor de Cambiemos en el cargo, y a Patricia Bullrich –“Lo que rescato de Ritondo y Bullrich es que han trabajado mucho”-, es hoy el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, elegido por el gobernador Axel Kicillof, para mantener bajo su control a los 90.000 efectivos de la “maldita policía”. La organización delictiva más poderosa del país.
Conocida ya su afición a realizar declaraciones que los medios masivos de comunicación tildan como “polémicas” pero que en realidad son profundamente reaccionarias, en abril pasado Sergio Berni, desde su banca como senador bonaerense por el “kirchnerismo” fue entrevistado por el periodista Diego Iglesias, y se despachó: “Me defino hombre de derecha, otros políticos no se animan a decirlo”; afirmando que su corazón “estuvo, está y va a estar con Cristina”.
Lejos de cualquier crítica a la política de seguridad del gobierno de Mauricio Macri, fue taxativo: “El gobierno de Cambiemos tiene coincidencias conmigo. Yo fui el que se animó a poner en la discusión pública el uso de las pistolas Taser y la deportación de los extranjeros que delinquen”. Siguiendo con su postura xenófoba que haría empalidecer al mismo Pichetto, no tuvo empacho en sostener: “Los extranjeros que vienen a delinquir, vienen a generarle un mal a la sociedad y todo mal hay que erradicarlo. Y por eso la mejor manera de erradicarlo es expulsarlos”.
Meses después, tras haber asumido su nuevo cargo en la seguridad provincial, Berni la emprendía contra la ministra del área nacional. Sabina Frederic, además de anular el Servicio Cívico Voluntario a cargo de Gendarmería y el Programa de Ofensores en Trenes, acababa de derogar los protocolos para el uso de armas de fuego y pistolas Taser, impuesto por su antecesora Patricia Bullrich. Sergio Berni le salto a la yugular: “Nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio”, se refirió despectivo. La derecha política se frotó las manos.
El ex teniente coronel del ejército y médico Sergio Berni, fue partícipe activo de los levantamientos “carapintadas” que exigían impunidad para los militares genocidas en tiempos de Alfonsín, quien terminó cediendo a la presión y sancionó las repudiadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Casi toda su carrera se desarrollo en el sur patagónico, y no le faltaron padrinos políticos en su camino hacia el funcionariado peronista. En 1991 fue designado por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner director del Hospital 28 de Noviembre. Ya en 1994 se ofreció como voluntario para supervisar la salud de los mineros de Río Turbio que estaban en huelga cuando arreciaban los despidos. Durante 15 días ofició como agente encubierto entre los huelguistas obteniendo información que era remitida al gobierno provincial; hasta que los trabajadores sospechando de sus actividades lo expulsaron del yacimiento de carbón.
Más tarde llegó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de la mano de Alicia Kirchner, como director nacional de asistencia crítica y subsecretario de abordaje territorial, llegando luego a ser viceministro y secretario de gestión y articulación. El 7 de diciembre de 2010 tuvo activa participación en el desalojo del predio del Parque Indoamericano, que culminó con la jornada de sangre y fuego de Villa Soldati, y un saldo de tres muertos –Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez-, numerosos heridos, entre ellos cinco de gravedad por impactos de balas de plomo, más de 50 detenidos, y el desahucio de centenares de familias, sin posibilidad alguna de acceso a la vivienda en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Según el gobierno nacional, Berni actuó como “mediador” dada su experiencia en esta clase de conflictos.
Fue con estas credenciales que, a comienzos del año 2012, Sergio Berni fue designado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como secretario de Seguridad de la Nación en reemplazo de Cristina Caamaño -hoy interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-. “Seguiremos fortaleciendo y profundizando este modelo de seguridad impulsado por la ministra Nilda Garré”, fueron sus palabras al asumir el cargo. A partir de ese momento cobró triste protagonismo, siempre al frente de operativos cinematográficos, multiplicando la escalada represiva contra trabajadores. “Más de 2.500 piquetes he desalojado en cuatro años”, se ufanó el secretario de Seguridad como balance de su gestión.
Una de sus primeras hazañas en el cargo fue el violento desalojo de organizaciones de desocupados que el 30 de agosto de 2012, efectuaban un corte sobre la autopista Panamericana, en las inmediaciones de la localidad de Pacheco. Mientras los manifestantes realizaban una asamblea con el objeto de levantar el corte, la desmedida presencia de las huestes represivas culminó en una embestida para despejar por la fuerza a los trabajadores. El saldo fue de varios contusos y 65 detenidos, los cuales fueron trasladados al centro de detención de la Gendarmería en Campo de Mayo. Reducto emblemático del terrorismo de Estado, centro clandestino de detención de miles de detenidos-desaparecidos.
Difícil borrar de la memoria la represión a los obreros de la multinacional Lear Corporation en julio de 2014, durante una movilización en reclamo de la reinstalación en sus puestos de trabajo
Con larga experiencia en prácticas antiobreras, dirigió la represión contra la protesta de camioneros en YPF, para luego enfrentar a los trabajadores petroleros de Cerro Dragón, en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Sin olvidar los operativos contra los colectiveros de la línea 60, en julio de 2015, cuando se movilizaban a partir del despido de 53 trabajadores por parte del grupo D.O.T.A. Accionar que fue denunciado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales): “La Gendarmería disparó balas de goma de manera indiscriminada hacia los manifestantes, inclusive desde arriba de la Panamericana hacia trabajadores que estaban en la ruta 197… Además, la Gendarmería utilizó pistolas lanzagases y agresivos químicos cuyo uso para evitar el corte del tránsito también está prohibido. Como resultado, alrededor de 20 personas fueron heridas, entre ellas participantes de la protesta y trabajadores de prensa”, se lamenta el documento.
Difícil borrar de la memoria la represión a los obreros de la multinacional Lear Corporation en julio de 2014, durante una movilización en reclamo de la reinstalación en sus puestos de trabajo, en la que el gendarme Torales, jefe del operativo, se abalanzó sobre el parabrisas del automóvil de un manifestante para simular un atropello. O la acción del militar retirado Galeano, asesor del secretario de Seguridad, intentando infiltrarse entre los manifestantes como agente provocador. Las fotos del famoso “gendarme carancho” y del “canoso con barba” recorrieron el mundo. Todo supervisado por Berni desde un helicóptero que sobrevolaba repetidamente la autopista Panamericana.
En agosto de 2014, tuvo a su cargo el violento operativo de 800 agentes de la Metropolitana, la Federal y la Gendarmería para desalojar a 500 familias sin techo en el asentamiento Papa Francisco en Villa Lugano. Tras devastar todo a su paso la bestial represión culminó con heridos y detenidos. Berni manifestó que se llevó adelante “con total normalidad la destrucción de las viviendas”.
La demanda por viviendas de habitantes de numerosos asentamientos y villas de la Ciudad de Buenos Aires, fue respondida por el ministerio de Seguridad nacional con la creación del plan Cinturón Sur, que desembarcó 2.500 efectivos de Gendarmería y Prefectura en los barrios de la zona más castigada de CABA. Al frente, el inefable Berni. El objetivo: evitar nuevas ocupaciones de espacio público y las tomas de tierra por los sin techo. Resultado: aumento de la violencia institucional, con hostigamiento y maltrato hacia jóvenes y adolescentes, recrudecimiento de los asesinatos por gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto las condiciones sociales no hicieron más que empeorar en las últimas décadas, y se agrava el terrible déficit habitacional con familias enteras viviendo hacinadas.
Provincia de Buenos Aires 2020. Como en una espeluznante novela negra, una y otra vez ocurren episodios a cuál más brutales y se suceden hipótesis diversas sobre el accionar delictivo de los uniformados. Como si estuviésemos hablando de una institución y su alter ego, hemos llegado al colmo de pretender aclarar acerca de cuál policía hablamos. Estamos urgidos en precisar si hablamos de la policía “buena” o de la policía “mala.” Pero solo existe una policía y es la que supimos conseguir.
A fines de la década del sesenta, el periodista Rodolfo Walsh publicó una investigación que desnudaba el sistema represivo y delictivo montado por la policía en esos años; un trabajo donde definía a la corrupción policial con una frase contundente: “La secta del gatillo alegre es también la secta de la mano en la lata”. Mucho tiempo después, el negocio que se desprende de la actividad policial se diversifica en innumerables ramificaciones, como un eslabón más de un sistema degradado, donde la corrupción y el descontrol son elementos básicos del escenario cotidiano, especialmente entre las instituciones responsables de la seguridad pública.
“No se trata de que hay algunos policías buenos y otros malos en una institución subordinada al poder político y de servidores públicos. Sino que hay una única policía que suscribe una doble matriz: por un lado, tiene la suscripción a las leyes y por el otro tiene un pacto con los poderes corporativos. Cuando la policía deja de actuar bajo el marco institucional para moverse mediante pactos es cuando estamos en presencia del delito. O sea que la misma estructura que utilizan para combatir el delito la usan para cometerlos. Uno se encuentra que los de robos y hurtos, roban y hurtan; los de defraudaciones y estafas, defraudan y estafan; los de narcotráfico, narcotrafican. Hay una especie de división institucional que ha hecho una organización racional de sus recursos, pero en espejo”; afirmó hace unos años la socióloga de la UBA y especialista en criminología, Alejandra Vallespir.
Al frente de la fuerza se posiciona un hombre como Sergio Berni, cuyas coincidencias públicas con Cambiemos se extienden a la “doctrina Chocobar”
Basta con preguntarse cuál es el elemento común que se destaca en los asesinatos de los pibes en José León Suárez, Baradero o Villa Lugano; de María Soledad Morales, Walter Bulacio, José Luis Cabezas, Natalia Mellman, Lucas Cabello, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; en la desaparición de tantos, de los cuales conocemos sólo un puñado de nombres: Miguel Bru, Julio López o Luciano Arruga; en los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; en la masacre de Villa Ramallo o de San Miguel del Monte y en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Puente Pueyrredón en 2002, en el asesinato de Mariano Ferreyra en Avellaneda, y en Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, entre tantos otros. La respuesta a esta serie de sucesos no podría ser más preocupante: en cada uno de los casos mencionados están involucradas, de las formas más disímiles, las fuerzas de seguridad del Estado, y entre ellas destaca la “bonaerense”.
Si a los ejemplos expuestos (que podemos mencionar con nombre y apellido y los que, además, han tenido gran repercusión a nivel mediático), se le suman las innumerables denuncias por gatillo fácil, secuestros extorsivos, escuadrones de la muerte, torturas en comisarías, tráfico de armas, narcotráfico, piratería del asfalto, coimas, juego clandestino y trata de personas, que nos dejan sin aliento; y además al frente de esta fuerza se posiciona a un hombre como Sergio Berni, cuyas coincidencias públicas con Cambiemos se extienden a la “doctrina Chocobar”, que habilita a los efectivos policiales a ejecutar el gatillo fácil, el resultado es lapidario. El último informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) habla de una persona asesinada por miembros de las fuerzas represivas cada 19 horas, durante los últimos cuatro años.
La crisis terminal que amenaza la seguridad y a la institución policial no ha sido originada por la pasividad sino por la directa intervención del poder político en la cuestión. A lo largo de su tenebrosa historia las fuerzas represivas incorporan la metodología de los grupos de choque. A partir de un rápido repaso desde el Plan Conintes de Arturo Frondizi hasta nuestros días, se puede elucidar el complejo modus operandi que se fue tejiendo entre la seguridad y el poder político. En los ‘60-70 las fuerzas represivas suman el secuestro; a partir de la dictadura, la zona liberada, las desapariciones, los centros clandestinos de detención. En los ‘80 incorporan la cocaína. Y en el ’90 la corrupción política, cuando la bonaerense fue aligerando gatillos al mismo ritmo con que Menem y Duhalde insistían en la instauración de la pena de muerte. Todo el accionar policial se torna traslúcido en momentos del asesinato de José Luis Cabezas: la vinculación con las mafias locales, con el poder político, las drogas, el secuestro, el asesinato, y la zona liberada.
Por el Ministerio de Seguridad provincial pasaron en los últimos años, personajes de la calaña del juez Alberto Piotti, el fiscal Carlos Stornelli, el represor y carapintada Aldo Rico, Juan José Álvarez uno de los responsables políticos del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el agente del servicio penitenciario Ricardo Casal, el intendente de Ezeiza y creador de los “escuadrones de la muerte” Alejandro Granados, el corrupto y encubridor Cristian Ritondo… A esta pléyade de ilustres figuras ahora se suma Sergio Berni. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, pronto a actuar, el aparato represivo del sistema burgués esta en buenas manos. La seguridad es, esencialmente, una cuestión ideológica.
